Por Ramón Maciá Gómez, Magistrado Jubilado. 

I. EL DERECHO A LA LIBERTAD RELIGIOSA.

El contenido esencial de la libertad religiosa o de culto es la facultad de cada ciudadano para elegir libremente una religión, no elegir ninguna o no creer en la existencia de un Dios, o creer en la de múltiples y, además, poder ejercer dichas opciones personales públicamente, sin ser víctima de coacción o discriminación alguna. Con anterioridad a la implantación de los regímenes democráticos, de forma generalizada y en el mundo occidental, existía la llamada “tolerancia religiosa” que admitía, mas que como un derecho como una concesión del poder público, el ejercicio de religiones distintas a la oficial, y ello como consecuencia directa de la confesionalidad de los Estados. Tengamos en cuenta, además, que, en la práctica, la elección religiosa no siempre es fruto de la libertad y de la autonomía personal del individuo ya que, generalmente, está muy asociada a las concepciones familiares y sociales en las que se desenvuelve cada uno. No olvidemos, tampoco, que islamismo o budismo, por ejemplo, se constituyen como religiones oficiales de gran parte de la humanidad.

La libertad religiosa es reconocida, internacionalmente, en el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el artículo 18 y 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Concretamente el mencionado artículo 18 de La Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que “…toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia….”. Por su parte, el artículo 16 de la Constitución Española dice que “…1. Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley… …2. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias… …3. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones….”.

Todo lo anterior lo exponemos porque, desde ya, no hay que confundir, ni malentender, lo que es una correcta actuación médica y lo que es una limitación o coerción del Derecho a la Libertad Religiosa.

II. LOS TESTIGOS DE JEHOVÁ.

Dentro de las diferentes confesiones religiosas, por lo que a nosotros interesa, esencialmente vamos a centrar nuestra atención en los Testigos de Jehová; nombre de una organización religiosa internacional que promueve y practica una religión entendida por sus adherentes como la restauración del modo de vida e ideas originales de los cristianos del siglo primero. Basan sus creencias en la Biblia, usando para ello preferentemente la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, que edita la propia organización, aunque también aceptan y citan otras traducciones bíblicas. Para la interpretación y estudio del mensaje bíblico emplean las publicaciones editadas por las diferentes sociedades que los representan legalmente, tales como las revistas La Atalaya; Anunciando el Reino de Jehová y ¡Despertad!.

La organización religiosa Testigos de Jehová tiene su origen a finales del siglo XIX en los Estados Unidos de América y según el “Informe Mundial de los Testigos de Jehová: Año de Servicio 2006”, están presentes en doscientos treinta y seis países y entidades territoriales y el total de individuos practicantes, también según la organización, es de 7.306.152 (estadística de 2008). Como hemos dicho, los Testigos de Jehová basan el conjunto de sus creencias y conceptos en la Biblia, la cual consideran como la fuente exclusiva de referencia en asuntos doctrinales. Son conocidos por su activa predicación de las “buenas nuevas”, especialmente de casa en casa, aunque también lo hacen en cualquier circunstancia en la que les sea factible dar testimonio de su credo.

Los Testigos de Jehová mantienen que, con posterioridad a la muerte de los apóstoles, se produjo una gran apostasía que corrompió las ideas originales del cristianismo. Su principal esfuerzo ideológico ha sido, por tanto, eliminar de sus creencias todas las cuestiones que consideran como contrarias a la Biblia y falsas para volver a las que entienden que están en armonía con las Santas Escrituras. Rechazan las doctrinas del Concilio de Nicea así como la “Santísima Trinidad”; no admiten el bautismo infantil, rehúyen la unión de fe con otras religiones, no emplean imágenes ni símbolos en su adoración, niegan el saludo a símbolos nacionales (banderas, escudos o himnos) y la celebración de cualquier festividad que sea de origen pagano, son contrarios, además, al uso de armas y se declaran neutrales en los asuntos políticos y conflictos militares.

Otro asunto por el que se han visto envueltos en polémicas es su rechazo absoluto a las transfusiones de sangre, aunque, sin embargo, en la actualidad aceptan los múltiples avances en el desarrollo de tratamientos alternativos, los cuales coordinan activamente con el personal médico acorde con sus creencias. Este rechazo a las transfusiones de sangre (aunque ello implique riesgo de muerte), lo mantienen de su análisis de textos bíblicos tales como Deuteronomio 12:16, 23, 24 en el que se menciona que no debe darse uso a la sangre sino derramarla sobre la tierra y Libro de los Hechos 15:28, 29 en el que se manda a los cristianos a “abstenerse de sangre”. Para ellos, ésta no es una cuestión de interpretación, sino de obediencia al Ser Supremo y por eso resulta que no son nada proclives al debate o el desistimiento de esta cuestión. Tras la muerte de Edith Morales, en Chile, por negarse a someterse a una transfusión, en julio de 2008 Monseñor Alejandro Goic señaló que para la Iglesia Católica la postura de los Testigos de Jehová es una de las denominadas conciencias erróneas, que consisten en creer en algo que es equivocado.

Si hemos escrito todo lo que precede es porque, en el posible caso de transfusión no consentida, es al menos moralmente exigible, que el profesional médico conozca adecuadamente el origen y la explicación de la conducta del paciente como elemento esencial de una correcta praxis médica que debe incluir siempre, el máximo respeto, aunque no necesaria coincidencia, de las ideas del paciente.

Sin embargo, centrándonos en el tema esencial de este artículo, como ya hemos avanzado, actualmente algunos Testigos de Jehová aceptan tratamientos médicos alternativos sin sangre completa y sin hemoderivados ni, tampoco, los cuatro componentes principales de la sangre: glóbulos rojos, glóbulos blancos plasma y plaquetas. Asimismo, hay otros creyentes que sí aceptan fracciones sanguíneas menores como la albúmina, factores de coagulación, soluciones de hemoglobina, inmunoglobulinas, interleuquinas, interferones o factores para la cicatrización de las heridas obtenidos de plaquetas. Por otro lado, la negativa de parte de los Testigos de aceptar transfusiones de sangre, en cierto modo, ha fomentado la búsqueda de sustitutos de la misma y también han promovido la creación del “Comité de Enlace con Hospitales” cuya función es atender a la necesidad o disponibilidad de otros médicos que estén dispuestos a tratarlos sin transfundir sangre. Al mismo tiempo ayudan a los profesionales de la medicina que lo deseen a capacitarse en el uso de técnicas sanitarias que no impliquen transfusiones sanguíneas.

III. EL DERECHO A LA VIDA Y EL DERECHO A LA SALUD.

El Derecho a la vida es el que tiene cualquier ser humano por el simple hecho de existir y estar vivo; se considera un derecho fundamental de la persona y está plasmado en el artículo 3.° de la Declaración Universal de los Derechos Humanos cuando dice que “…todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona…”. Así mismo viene recogido en el artículo 2º de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

Por su parte, el derecho a la salud, entre otras cosas, obliga a los Estados a generar condiciones en las cuales todos puedan vivir lo más saludablemente posible. Esas condiciones comprenden la disponibilidad garantizada de servicios de salud, condiciones de trabajo saludables y seguras y alimentos nutritivos, entre otras cosas. El derecho a la salud está consagrado en numerosos tratados internacionales y regionales de derechos humanos y en las constituciones de países de todo el mundo.

En el Sistema Legal Español ambos Derechos los recoge la Constitución, respectivamente en los artículos 15 y 43 que dicen: “…todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes…” y “…1. Se reconoce el derecho a la protección de la salud… …2. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto…”.

Según muy arraigada jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, en el Derecho Español, hay que tener en cuenta que el médico está comprometido a la ejecución de todos los actos y cuidados propios para mantener la vida y la salud del paciente con que se ha vinculado, evitando cualquier deterioro previsible y atajándolo cuando el mismo se presente. Eludir la práctica de un acto que restablezca o restituya la salud le está vetado y sólo es admisible si media alguna justificación. En estos supuestos, y para examinar si concurre esa justificación, se hace uso de las normas jurídicas relativas a la solución de conflictos o colisión de derechos que, sucintamente, se basan en los siguientes postulados:

a) Ningún derecho o ningún postulado ideológico es un valor absoluto, permanente e inmutable, y su tutela efectiva puede aparecer en algunos casos moderada o restringida por ciertos condicionamientos que provengan de otras leyes o de otros valores culturales o sociales de la comunidad.

b) El derecho a la vida constituye un límite explícito y determinante de los demás derechos, de modo expreso y por decisión del legislador constitucional.

c) Resulta obvio que hay que estar vivo para el ejercicio del derecho a la libertad religiosa.

d) El derecho a la libertad religiosa siempre decae y está supeditado al derecho a la vida, cuando ambos derechos directamente entran en conflicto.

IV. MEDICINA TRANSFUSIONAL Y TESTIGOS DE JEHOVÁ.

Si, previamente, nos hemos extendido tanto en la descripción y en el análisis de las convicciones imperantes entre los Testigos de Jehová es, paradójicamente, por una cuestión más médica que cultural. Insistimos en que el profesional médico siempre tiene que atender la salud del enfermo desde el absoluto respeto a su dignidad y la dignidad personal sólo es respetada si se conocen los valores específicos en que cada cual la sustenta. Por eso, el doctor, ha de conocer, para poder tratar adecuadamente, la fundamentación ideológica de los Testigos de Jehová y es que, como ya se ha advertido previamente, existe una importante incompatibilidad, desde el punto de vista legal, entre la creencia religiosa que practican los Testigos de Jehová y la Medicina Transfusional y si a ello añadimos la perentoriedad o la urgencia que, muchas veces, rodean las transfusiones sanguíneas resulta importante que no concurra trato inadecuado o duda alguna en el médico a la hora de actuar si su paciente, Testigo de Jehová, le comunica su negativa a recibir sangre ajena. En principio, y en definitiva también, no cabe duda, en concordancia con lo ya dicho, que habrá de ser desatendida la petición del paciente Testigo de Jehová si el conflicto de derechos que se plantea es entre:

1º.- la continuidad de la vida o el peligro grave, cierto e inminente para la misma y

2º.- la libertad religiosa, aunque esté expresada y mantenida con rotunda decisión.

En el caso del escueto conflicto expuesto la cuestión es simple, prevalecerá, indubitadamente, el Derecho a la Vida. Pero las cosas no siempre se nos aparecen así de fáciles; existen situaciones intermedias que son las que pretendemos analizar con estas líneas.

V. POSIBLES HIPÓTESIS Y CONFLICTOS DE DERECHOS.

Aunque inicialmente las hipótesis o las situaciones médicas puedan ser innumerables y muy difícilmente catalogables, vamos a incidir en seis grupos de ellas, que, con algo de probabilidad, abarcarían la mayoría de las situaciones imaginables cuando un paciente que es Testigo de Jehová precisa de una transfusión de sangre y manifiesta su negativa a la misma, en el ámbito de una urgencia médica. Evidentemente, somos muy conscientes que, en la práctica médica diaria, surgirán otras situaciones que, para nada, prevé este escrito. Veamos los seis grupos que hemos confeccionado:

1º.- Se constata la existencia de un peligro cierto, determinado e indubitado de la vida del paciente si no se efectuara, de forma inmediata, la transfusión. En tal caso, la obligación legal del médico es siempre, repetimos, siempre transfundir. Es más, de no hacerlo, probablemente incurrirá en un delito de negligencia profesional con resultado de lesiones o de muerte o, incluso, en un delito de homicidio.

2º.- Se constata la existencia de un peligro concreto pero, estadísticamente, dudoso para la continuidad de la vida del paciente si no se practicara, de forma inmediata, la transfusión. Es proverbial que, ante la duda, procede la consulta, a fin de despejarla; y ese es, precisamente, el camino que el médico habrá de tomar. Consultar con otros profesionales o por cualquier medio para despejar la duda sobre la posible inminencia de un pronóstico de exitus. Si las consultas no solventan la duda, lo correcto es realizar a la transfusión, desoyendo el criterio del enfermo que, en ese momento crítico, está sometido a su cuidado. Por el contrario, si resultara de las consultas que el peligro para la vida ni es inminente ni cierto cabrán las posibilidades de que el paciente opte, libremente, por un tratamiento alternativo o por un alta voluntaria.

3º.- Se constata la existencia de un peligro cierto, determinado e indubitado de la salud o integridad física, no letal, del paciente si no se efectúa, de forma inmediata, la transfusión. En este caso consideramos que el proceder correcto del médico es el de proporcionar una exhaustiva información al paciente y dejar a su decisión la práctica de la transfusión. En caso de una negativa, habrá de plantear a dicho paciente que lo único coherente es que, decidido a asumir el riesgo, lo haga él solo, debiendo solicitar, por tanto, el alta voluntaria.

4º.- No se constata la existencia de algún peligro cierto, determinado e indubitado de la vida, la salud o la integridad física, del paciente pero es aconsejable, o protocolaria, la transfusión sanguínea, de forma inmediata. En estos casos prima el libre albedrío del enfermo y será él quien decida ser transfundido o no; ello, lógicamente, también implicará un planteamiento del alta voluntaria.

5º.- En general, en todos los casos en que concurra una duda razonable que implique la posibilidad estadísticamente incierta de la muerte el actuar del médico será proceder a la transfusión o bien que el paciente asuma, con su alta voluntaria, los riesgos de su situación médica. Y ello, porque al resultar incierta la posibilidad de muerte, bien caben las dos soluciones. En todo caso el médico es, sin duda alguna y sin excepción, el dueño y el responsable de los actos y procesos curativos, siendo, solamente, sujeto pasivo su paciente, eso sí, debiéndose interpretar esto último de forma restrictiva y pormenorizada.

6º.- En general, en todos los casos en que no concurra una duda razonable que implique la posibilidad de la muerte procederá respetar la libertad religiosa del paciente y su alta voluntaria.

VI. CONCLUSIONES.

En realidad ya hemos ido adelantando las conclusiones a que se quiere referir este último epígrafe. Por eso, ahora, solamente vamos a recordar que el profesional médico ejercita su labor con la casi exclusiva finalidad de velar por la salud de la ciudadanía, pero siempre con absoluto respeto a la dignidad de cada paciente y, por ello, primeramente, debe conocer los criterios de los Testigos de Jehová. Y es que no hay mayor desprecio a la dignidad ajena que el voluntario desconocimiento de los fundamentos de la misma. Pero, al ser la labor médica, en su esencia final y como hemos dicho, la de velar por la vida de un enfermo poco le tiene que importar que, en su actividad, se interfiera otro derecho, diferente al de la salud, como podría ser la Propiedad o la Justicia y que, en nuestro análisis ha sido la Libertad Religiosa.

El médico vive limitado profesionalmente y no podrá actuar a su libre albedrío; tiene, inexcusablemente, que velar por la salud y la vida de su pacientes, quedándole prohibido causarles algún daño; sea por acción sea por omisión, sea por voluntad sea por negligencia. Esto ocurre, repetimos otra vez, porque el Derecho a la Vida, objeto último de su labor profesional, está por encima de cualquier otro Derecho y por ello, sin complicadas disquisiciones, habrá siempre, siempre, de velar por el mantenimiento de la misma y por el correlativo restablecimiento de la salud de todos y cada uno que, profesionalmente, le haya sido encomendada.

Ramón Maciá Gómez
Magistrado Jubilado

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Por Ramón Maciá Gómez, Magistrado Jubilado. 

I. CRITERIOS GENERALES DE LA RELACIÓN JURÍDICA ENTRE MÉDICO Y PACIENTE.              

Como reiteradamente indica la doctrina jurisprudencial, el contrato médico o médico-hospitalario ha sido configurado con el elemento esencial y diferenciador de que la obligación básica en el caso de los profesionales y entidades médicas no es la de obtener un resultado -la curación del paciente- sino la de prestar el servicio más adecuado en orden a la consecución de ese resultado. Como excepción a lo anterior, en algunos supuestos, como en los de cirugía estética o reparadora, la generación de la responsabilidad se aproxima a la exigencia de una mayor garantía en la obtención del resultado que se persigue. 

Pero, en general, el vínculo que une al médico y al paciente no es un contrato de resultado. Sin embargo, en lo que no puede devenir tal contrato, es obvio, es en un resultado perjudicial o dañino con origen en una negligencia en la aplicación de medios médicos necesarios para la prestación del servicio más adecuado en orden a la consecución de la finalidad curativa propuesta. Y es que siempre se presupone que el acto médico o el conjunto de las actuaciones médicas nunca podrán empeorar, agravar, dilatar o menoscabar el déficit del estado de salud que es objeto de su atención. Y tal caso se podría dar, como veremos más adelante, en la omisión de una transfusión sanguínea.

Respecto a la responsabilidad médica, enlazando con los criterios mencionados sobre la naturaleza general y ordinaria de la obligación del médico, que normalmente procederá de un contrato de prestación de servicios, en España se configura como si derivase de una relación extracontractual o como una obligación de actividad (o de medios), y no de resultado. 

Ello implica dos nuevas cuestiones:

a) la distribución del riesgo y
b) el concepto del incumplimiento, total o parcial, siendo este último el llamado también cumplimiento defectuoso.

Evidentemente puede ocurrir que el riesgo que conlleva el acto médico se desplace, en mayor o menor medida, de la propia actuación médica a la conducta del paciente y esto ocurre cuando éste se niega a ser sujeto pasivo de un acto médico, una transfusión sanguínea, por ejemplo, que resulta oportuna o necesaria para su curación o, simplemente, para el no agravamiento de su salud. En estos casos hay que tener muy en cuenta este desplazamiento del riesgo a la hora de exigir responsabilidades.

También el incumplimiento o el cumplimiento defectuoso de la actividad médica puede verse alterado cuando interviene la falta de cooperación en la práctica de los actos médicos por parte de la conducta exclusiva del paciente lo que hace que se produzca un resultado que se traduce en un incumplimiento médico que no puede imputarse al Doctor, que ha actuado con la debida diligencia y que no debe, asumir los resultados dañinos para la salud ocasionados por la conducta exclusiva que el propio paciente efectúa. Tal caso se da, por ejemplo, cuando el paciente rehúsa cumplir con las pautas médicas para el tratamiento de su dolencia acordadas por el médico.

En definitiva, resulta que, técnicamente, la responsabilidad médica se encuentra desplazada al elemento del nexo causal. En otras palabras, la cuestión esencial que hay que dilucidar es si el daño persistente, o el añadido, está producido por causa de una enfermedad previa u otros factores externos o está causado por la conducta negligente del médico; esto es; debe desentrañarse la evidencia directa de un nexo causal que coordinará la acción médica y el resultado dañino.

El Tribunal Supremo ha declarado reiteradamente que la responsabilidad médica no es un supuesto de responsabilidad objetiva, que la carga de la prueba corresponde a quien la alega y que no existe presunción de culpa en el actuar del facultativo. Mirando hacia el futuro, ciertamente que en el plano internacional se ha experimentado una evolución notable en Estados Unidos y Alemania. En el primero de los países la jurisprudencia ha venido aplicando la regla “res ipsa loquitur” siempre que concurran los requisitos siguientes: a) encontrarse en presencia de un evento que no habría acaecido de no haber concurrido una conducta negligente; b) que el daño no hubiese sido causado por la conducta atribuible al médico; aquí debería atenderse a la actuación de los facultativos conforme a su lex artis; c) que el daño no hubiese sido ocasionado por un comportamiento concurrente del enfermo.

En el continente Europeo ha sido la evolución de la jurisprudencia germánica que ha utilizado la “Waffengleicheit” de las partes en el proceso, deduciéndose de ello la existencia de un deber de probar por el paciente de un incorrecto proceder por parte del médico. La aplicación del principio de igualdad y de este deber de probar por parte del enfermo de una inadecuada aplicación de la lex artis ha llevado en numerosas ocasiones a la jurisprudencia alemana, en la práctica procesal, a invertir la carga de la prueba.

No obstante, repetimos, en el ordenamiento jurídico español rige en esta materia, con claridad, el principio subjetivista o culpabilista del artículo 1902 del Código Civil, amparado en la concepción restrictiva de la culpa médica mantenida por la jurisprudencia española, que en este aspecto, rechaza el criterio de inversión de la carga de la prueba, entendiendo que no debe presumirse nunca como culposa la actuación profesional médico.

 En realidad nos hallamos ante un tipo de la llamada responsabilidad extracontractual o más bien obligación derivada de acto ilícito, cuyos elementos se resumen en:

a) Una acción u omisión ilícita.

b) La realidad y constatación de un daño causado.

c) La culpabilidad, que en ciertos casos se deriva del aserto, que si ha habido daños ha habido culpa.

d) Un nexo causal entre el primero y el segundo requisitos.

II. POSIBLES CRITERIOS ESPECÍFICOS DE LA RELACIÓN JURÍDICA ENTRE MÉDICO Y PACIENTE EN LA MEDICINA TRANSFUSIONAL.

De todos los criterios y de todos los conceptos anteriormente dichos no se escapa, porque no hay ni motivo legal ni contractual para ello, lo referente a Medicina Transfusional. Es evidente que, en ocasiones, por cuestiones ideológicas o religiosas, determinados pacientes se niegan a una transfusión de sangre adecuada o necesaria para la mejoría de su salud. Si analizamos más detenidamente el supuesto de que no trasfundir sangre por parte de médico responsable aumentaría un riesgo y produciría un resultado lesivo, resulta que tal conducta generará, en principio, una responsabilidad legal. No hay excepción ya que la aplicación de los criterios y postulados anteriores se hacen extensivos a toda actividad médica, y por supuesto, y a la medicina transfusional. Ello, claro está, no impide que se desplieguen, con toda su efectividad, otros derechos del paciente, legalmente constituidos, como es el de solicitar un segundo criterio médico, un tratamiento alternativo, el alta médica voluntaria, etcétera…
Como inmediatamente veremos, los valores ideológicos o religiosos siempre estarán supeditados al valor fundamental del derecho; la vida. Y ello es tan simple como entender que sin vida no hay pensamiento, ideología o libertad religiosa. Hemos dicho ya varias veces, que el médico nunca podrá empeorar la salud del paciente y ese es, en ocasiones, un resultado mas que probable si se elude una transfusión sanguínea, bajo el pretexto o con la cobertura de defender la libertad ideológica que manifieste determinado paciente. Las normas legales aplicables son iguales para todos los supuestos médicos y no cabe hacer excepciones. No hay excepciones, decimos, porque la vida es el valor supremo del orden legal y, por lo tanto, es el primero que hay que proteger, postergando a los demás derechos; y es que, repetimos, sin vida no hay derechos efectivos. Insistamos en que el médico, en su actuar, no está vinculado por cuestiones ideológicas, sino las estrictamente legales y habrá de tener permanentemente presente que su primigenia obligación es la de preservar la vida y/o evitar el empeoramiento de la salud, quedando en segundo plano otros derechos como son los de la libertad ideológica o de pensamiento, que no le vinculan tan directamente como el derecho a la vida o a la salud del paciente sometido a su cuidado. Todos estos criterios los podemos condensar en las siguientes conclusiones:

a) El acto médico siempre está sujeto a las normas que regulan la contratación o a las que regulan la culpa extracontractual, si bien, ante todo en este segundo caso, el nexo causal entre acción errónea y deterioro de salud se constituye como elemento de esencial importancia en el análisis de las culpas profesionales médicas.

b) El médico no se compromete, por lo general, a la obtención de un resultado pero se compromete a: 1º) utilizar todos los medios para la obtención de la curación. 2º) nunca empeorar la salud del paciente, sea por acción, sea por omisión, sea por imprudencia, sea error inexcusable.

c) El médico ocupa una específica situación de garante de la salud del paciente, que le compromete a la práctica de los necesarios actos y cuidados a fin de mantener la misma, evitando cualquier deterioro previsible y atajándolo cuando el mismo indiciariamente se presente.

d) Eludir la práctica de un acto que restablezca o restituya la salud no es admisible sin justificación ponderada. Para examinar si concurre alguna justificación se utilizará la técnica de valoración del conflicto de derechos que, sucintamente, se estructura como sigue: ninguna creencia o valor ideológico es un valor absoluto, permanente e inmutable, y su tutela efectiva puede aparecer en algunos casos moderada o restringida por ciertos condicionamientos que provengan de las leyes y de los valores culturales o sociales de la comunidad, en cada momento. Sin embargo, siempre, el derecho a la vida constituye un límite explícito y determinante para todos los otros derechos y de modo expreso y por decisión del legislador constitucional, para el ejercicio del derecho a la libertad ideológica.

e) No existe norma alguna que permita al médico alterar esta escala legal de valores.

f) De lo anterior no cabe otra solución que anteponer, siempre y en todo momento, sin excusa alguna, el derecho a la vida al derecho a la libertad ideológica o de pensamiento. Infringir ese criterio de prelación de derechos constituye una ilegalidad, claramente susceptible de generar responsabilidades civiles o penales.

g) Cualquier paciente, que mantenga pleno control de su voluntad y de su conciencia está capacitado para eludir cualquier tratamiento médico, resultando de ello: 1º) que el médico abandona la posición de garante que legalmente tenía conferida. 2º) que, dado este supuesto, no existen causas que justifique que dicho paciente continúe bajo vigilancia médica, por lo que procederá su alta médica voluntaria.

h) La disponibilidad sobre la propia vida o la salud no se presumirá nunca ni delegada a otros ni renunciada, excepto fehaciente y rotunda prueba destructora de dicha presunción.

III. CONCLUSIONES.

La esencial finalidad de todo acto o tratamiento médico es la de la recuperación de la salud del paciente; sin embargo, no significa esto que, si no se obtiene ese resultado, se produzca siempre una responsabilidad legal del médico. La medicina es una ciencia cuya progresión y circunstancias no permiten esa exigencia. Pero por el contrario, al médico le vienen vetados y prohibidos todos los actos u omisiones que empeoren la salud del paciente. Entre ellos se podría encontrar la no realización de una transfusión sanguínea adecuada o necesaria. El médico no se debe, en su actuación, a los criterios del paciente (que, sin embargo, puede rehusarlo y cambiar de médico), si no que se debe a los criterios legales y entre ellos destaca el de la protección del derecho a la vida; que se configura como el centro hegemónico de la actuación médica. Adoptar otro criterio, trastocando la escala legal de valores, si causa un empeoramiento de la salud del paciente, generará responsabilidades civiles o penales imputables al propio profesional médico.

Ramon Maciá Gómez
Magistrado Jubilado

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